24 Junio 2013

A propósito de la refinería y la libertad de expresión

La Contraloría General de la República (CGR), frenó el pasado jueves 20 de junio el Proyecto de Ampliación de la Refinería de Moín, luego de realizar una investigación sobre el estudio de factibilidad del citado proyecto.

Diversos sectores -incluidas las organizaciones sindicales-, y ciudadanos en general, recibieron con agrado la noticia, debido a que el tema resultaba polémico porque todo apuntaba a que el proyecto no protegía los intereses nacionales.

Señala la investigación de la CGR, entre otros aspectos que: la empresa que realizó el estudio de factibilidad es subsidiaria de la petrolera china CNPC International Ltda., socia de RECOPE en este proyecto, la rentabilidad estimada del proyecto (16.28%) podría estar sobreestimada, no se consideró el mercado costarricense, ni el análisis del modelo de regulación y modelo tarifario del país; aparte de que el estudio no contiene un verdadero modelo financiero.

Es importante indicar además, que la mitad del costo de dicho estudio de factibilidad fue pagado con el dinero de las y los costarricenses. Se han gastado $35 millones en lo que va de este proceso para finalmente comprobar lo que diversas personalidades políticas y técnicas, grupos sociales y medios de comunicación habían advertido: que el proyecto es un negocio más en el cual intereses oscuros e inescrupulosos ponen en riesgo el patrimonio nacional (del tipo concesión de la carretera a San Ramón, trocha fronteriza, etc.), y lo que es más grave aún, con el beneplácito de las autoridades de varios gobiernos.

Proyectos con intereses oscuros. Pareciera que se ha vuelto usual “embarcar” al país en pésimos negocios (o excelentes si se miran desde la óptica de la otra parte involucrada), que significan cada vez sumas mayores de dinero del erario público (en este caso particular se trataba del 3.5% del PIB), mientras la Presidenta de la República y sus ministros guardan silencio o lo que es peor, defienden a ultranza esos malos negocios.

Lo que sigue ya es conocido: renunció el Presidente Ejecutivo de RECOPE, pero al estilo de Poncio Pilatos, René Castro manifestó que se mantiene en el MINAE porque no tiene responsabilidad en este caso, pese a que el 22 de noviembre pasado defendió la refinería y aseguró que era necesaria. Todos los demás responsables siguen en sus puestos.

Intolerancia a la libertad de expresión. Repugnan estas muestras de corrupción y provoca una profunda indignación el grado de intolerancia de los personeros de gobierno a criterios opuestos a sus intereses. En este caso llegaron incluso a remover de sus puestos a la exasesora en Cambio Climático del MINAE y al exdirector de Planificación de RECOPE por opinar en contra de los criterios “oficiales”.

Esto provocó que el Observatorio de la Libertad de Expresión emitiera una carta a la Presidenta de la República en la cual solicita que se emita una directriz presidencial acorde con la Ley de Administración Pública, con el objetivo de que todas las instancias del Estado “respeten los derechos constitucionales de libertad de expresión y libertad de opinión”, medida de por sí justa y necesaria, además de la solicitud de sanción para los responsables de haber removido a los citados funcionarios de sus puestos.

El rumbo que los políticos que hoy ostentan el poder están trazando a nuestro país concluye en un abismo cada vez más profundo, del cual no será sencillo salir. La intolerancia hacia el que piensa distinto, la corrupción solapada o descarada, la represión a la libertad de expresión y el engaño al pueblo no son propios de una verdadera democracia.