12 Octubre 2012

Absurda renuncia pide la UCR

El costo ambiental de no hacer el proyecto diquís es apabullante

Juan José Sobrado Ch.
Abogado

Para mi sorpresa, ya que nunca lo hubiera esperado de la UCR, su Consejo Universitario le pide al Gobierno de la República derogar el Decreto N.° 34312-MP-MINAE que declara de “conveniencia nacional e interés público” al proyecto hidroeléctrico El Diquís, porque supuestamente “no tiene como sustento los estudios ambientales” necesarios.

Mi sorpresa asciende a asombro cuando leo que se sustenta en la alegada necesidad de “ abrir un debate nacional, informado y participativo, con miras a lograr una decisión país en torno al modelo energético a seguir en el corto, mediano y largo plazo” , decisión que ya fue tomada por el país desde el año 1949, y que junto con sus derivaciones, resultó de la configuración hidrográfica del país.

El suministro de energía eléctrica limpia y barata es un factor fundamental para el desarrollo apropiado y sostenible de las economías y sociedades modernas. Particular ventaja han tenido países como Suiza y Suecia con amplios recursos de hidroelectricidad, modelo que nuestro país copió desde la fundación del ICE. A lo que se agrega el factor de eficiencia energética fundado en el tipo de recurso, en lo que destacan Suiza y Dinamarca, y otros países de la OCDE, además de su huella baja de carbono, tal como lo desarrolló recientemente desde estas mismas columnas Jeffrey Sachs ( “En Busca de las Claves para la Prosperidad Nacional”).

Gran costo ambiental. El costo ambiental de no hacer el proyecto Diquís es tan apabullante que las incidencias que, como toda obra tiene en el ambiente, son a priori tan menudas que, partir pelos con ellas, como se pretende, resulta absurdo.

Para sustituir con búnker en plantas térmicas de tipo Garabito, los 650 megavatios que Diquís generaría, habría que quemar 650 millones de litros anuales de búnker, a un costo de quinientos millones de dólares anuales, con importante incidencia en la ya deficitaria balanza de pagos del país.

Esa cantidad de combustible quemada lanzaría a la atmósfera casi dos mil millones de toneladas de CO2, más unas setenta y cinco mil anuales del aún más dañino metano, y de unas quince mil toneladas de óxido nitroso, todos ellos factores causales del calentamiento de la atmósfera por su efecto bloqueante de la misma. Tal efecto por el metano es 21 veces mayor, y por el óxido nitroso 310 veces.

Para poder absorber esa cantidad de CO2 habría que reforestar con bosque nuevo prácticamente el cinco por ciento de la extensión total de Costa Rica. Los otros contaminantes no se pueden absorber, ni con esa reforestación sino que quedan dañando el clima global. O sea, que hacer Diquís, evitando con ello la generación térmica de la hidroelectricidad que produciría, equivale a reforestar de entrada esa enorme extensión del territorio, lo que debiera llevar a todas las fuerzas ambientalistas y pro-bosque, a exigir, en vez de oponerse, a que se haga este proyecto, por el que el país podría recibir los bonos que los países desarrollados pagan para compensar sus propias emisiones.

Asimismo, conforme avance la tecnología de motores, se podría sustituir la parte gorda de la factura petrolera, gastada en generación de transporte, por vehículos eléctricos alimentados de fuentes limpias.

Es cierto que la vegetación que quede sumergida en esos sesenta kilómetros cuadrados del embalse, cuando se pudra, generará CO2, como es lo normal, pero todo ello puesto en la balanza a la par de todos los beneficios dichos, no resiste ninguna comparación.

Proyecto estratégico. El proyecto Diquís no es una represa más, solo que bastante más grande, sino que su capacidad de almacenamiento de agua con un embalse de más de seis mil hectáreas, es lo que la hace particularmente valiosa y estratégica para el país, porque permite almacenar agua en ese embalse en la época lluviosa, para generar electricidad destinada a todo el país en los veranos cada vez más intensos.

La liberación de la dependencia del petróleo, y con igual razón del gas, es una liberación estratégica básica para la libertad verdadera del país. Esa función regulatoria la cumplió por décadas la presa de Arenal, pero ya se hizo insuficiente por el crecimiento de la demanda.

A los perjuicios por la generación térmica sustitutiva hay que sumar el destrozo de las carreteras por el acarreo por tierra desde Moín, de los cerca de ciento cincuenta cisternas diarios necesarios, lo que, además de aumentar la congestión vial, aumenta el efecto desgastante sobre los pavimentos.

Es cierto que el sector privado tiene en proyecto plantas generadoras eólicas, y otras hidroeléctricas, pero éstas últimas son a “filo de agua”, o sea con poca o ninguna capacidad de almacenamiento, y las primeras, dependientes del viento y de un potencial inferior de generación. En buena hora que se desarrollen por su condición de energías limpias.

Finalmente, el Convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, exige consultar a estos, ya el ICE lo está haciendo, y tratarlos como iguales, y, por tanto, en su caso, sujetos a expropiación por motivo de utilidad pública, si fuera necesario afectar sus tierras, al igual que cualquier otro ciudadano.