Editorial >

En anteriores editoriales y comunicados, SIICE ha denunciado las estrategias de los gobiernos de turno para debilitar al ICE y entregar al sector privado sus servicios más rentables.

En estas estrategias han utilizado los siguientes mecanismos:

• Limitación de las inversiones del ICE para que no pueda cumplir con sus metas y obligaciones; de esta manera debilitar su imagen ante la ciudadanía.

• Promover primero la apertura del sector más atractivo, -telecomunicaciones-, para posterior a su consolidación hacer lo mismo con el Sector Eléctrico, separando el abordaje de una temática integral en el tiempo, para así disminuir la resistencia.

• Colocar en el ICE un Presidente Ejecutivo que concentrara todo el poder y las decisiones, eliminando en el camino toda oposición y colocando antojadizamente a personas afines en puestos claves.

• Promoción de un proceso de desgaste sobre la organización interna del ICE, alineado con las nuevas leyes, pero cuyo propósito principal es generar temor, división interna y no necesariamente una mejora de la eficiencia, como se ha demostrado con las reorganizaciones del Sector de Telecomunicaciones.

En el Sector Eléctrico del ICE esta estrategia rindió su primeros frutos con los atrasos en proyectos eléctricos que afectando la disponibilidad eléctrica, ocasionaron los racionamientos del año 2007 (pronosticados por SIICE y los profesionales del ICE), el desarrollo de esquemas alternativos de generación eléctrica como los BOT, fideicomisos, etc., que fueron necesarios para paliar las limitaciones impuestas al endeudamiento de la Institución pero que han ocasionado un fuerte deterioro de sus finanzas y como consecuencia, los importantes aumentos tarifarios del presente año y el que se espera para el 2009, debido, en gran medida, al uso intensivo de combustibles fósiles para las plantas térmicas de emergencia, contratadas para evitar más racionamientos y que aun siguen siendo insuficientes.

La estrategia seguida ha sido altamente consistente, tanto hacia lo interno como al externo del ICE y que va mucho más allá del daño mismo al ICE. Su principal objetivo ha sido el rompimiento del modelo solidario del país, lo cual lograron parcialmente con la apertura del Sector Telecomunicaciones con la aprobación del TLC, pero que posteriormente fue llevada a niveles mayores de obligaciones a los comprometidos en el TLC con el dictado de las Leyes del Sector de Telecomunicaciones.

Con los hechos consolidados en el país a partir del 7 de octubre de 2007, se afianzó el control político de todos los poderes de la República por parte de los neoliberales y se produjo el debilitamiento de las fuerzas sociales del país. Esta situación está siendo aprovechada para intentar dar el puntillazo al modelo social costarricense.

Incluso ahora se atreven a presentar un borrador de un proyecto llamado “Ley General de Electricidad”, aun más negativo que el “Combo Eléctrico” o que la propuesta de la UCCAEP del año 2005 sobre una nueva ley en el Sector Eléctrico.

Este proyecto se basa en un modelo ideológico similar al de apertura de las telecomunicaciones, ya que considera la electricidad como una mercancía y no como un servicio público con contenido social; pasa al sector privado las actividades más rentables y facilita el total acceso a las redes eléctricas construidas por el ICE, patrimonio de los costarricenses, evadiendo toda consideración real de solidaridad y universalidad.

Las implicaciones de esta nueva ley son graves para el ICE y pero sobre todo para el país. Se le quitan los límites a la generación privada y se introducen mecanismos para poner en desventaja al ICE. Con ello se estará privatizando la mayor parte de la generación eléctrica futura al establecerse una serie de trabas y mecanismos de autorizaciones políticas para el desarrollo de nuevos proyectos, que puede hacer que el ICE pierda proyectos como Diquís, Pacuare, Reventazón, Saavegre y otros.

Sin estos proyectos, es evidente que la participación del ICE en un mercado eléctrico nacional será en pocos años minoritaria y ello causará un gran impacto en la organización del Sector Eléctrico de la Institución, especialmente en las áreas de desarrollo de nuevos proyectos, así como en los servicios que brindan las áreas menos rentables por su enfoque social. Con ello se estaría afectando el modelo de universalidad de servicios con consecuencias negativas para los usuarios, ampliando la brecha social y desvirtuando la justa distribución de la riqueza.

Además de trasladar a las empresas privadas la actividad más rentable del área eléctrica -como es la generación de electricidad-, sacan en la práctica la planificación eléctrica de una institución técnica como el ICE para pasarla a un ente político en el MINAET, cuyos miembros serán nombrados por el Consejo de Gobierno. En pocas palabras, se establecería una planificación de 4 años sujeta a los vaivenes y control del gobierno de turno, politizándose las decisiones y eventualmente prestándose para favorecer intereses políticos o particulares.

La Ley permite la construcción de proyectos en parques nacionales –con evidentes consecuencias ambientales negativas- y con ello, se daría la posibilidad de que nuestros recursos naturales se usen para el desarrollo de otros países, en lugar del nuestro. En todo caso y al igual que pasó con la Ley General de Telecomunicaciones, los alcances de la nueva Ley de Electricidad van más allá que las obligaciones establecidas en el “Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central” firmado en 1996.

SIICE considera que esta nueva ley, que causa la desintegración del Sector Eléctrico del ICE, debería someterse a una discusión nacional para analizar sus consecuencias. No debemos permitir que se le dé un trámite acelerado a esta ley, con la clara intención de no dar tiempo a que se desarrolle una reacción popular -ante el debilitamiento inminente de la imagen del Gobierno por los acontecimientos de los últimos meses-.

Preparémonos todos para exigirle al Gobierno de Oscar Arias que retroceda en sus planes de privatizar servicios estratégicos para el país como la electricidad; que se someta esta propuesta de Ley a un discusión general y transparente que permita decidir democráticamente sobre el modelo de desarrollo a seguir, e impedir que unos pocos políticos destruyan en unos meses los logros alcanzados por Costa Rica en los últimos 60 años.

Responsabilidad y presencia en la vida nacional

[Anterior - Siguiente]