Un regulador independiente y autónomo

Resulta evidente y por todos aceptado que una entidad reguladora, debe defender, promover y aplicar los principios irrenunciables de independencia de todo operador o proveedor de servicios y de autonomía para la toma de decisiones técnicas, administrativas y financieras. De no ser así se pierde la lógica de su misma existencia, se promueve el caos y anarquía, en todo aquello que pretende regular.

En nuestro incipiente mercado de telecomunicaciones se hace fundamental que la SUTEL actúe fiel a estos principios y a todas las obligaciones que su ley de creación le impone. Debe ser así, sin lugar a la menor duda.

Es por ello que resulta de la más alta preocupación y que amerita la más absoluta investigación, so pena de afectar la credibilidad misma de la SUTEL, las recientes denuncias del Diputado José Merino del Río y algunos Diputados del Partido Acción Ciudadana, tal y como fue consignado en varios medios de prensa y que ha generado diversas reacciones de los implicados en esta situación.

Las denuncias las está tramitando la Procuraduría de la Ética y la Contraloría General de la República, sobre un posible “conflicto de intereses” pues el bufete BLP Abogados, contratado para asesorar a la SUTEL en el diseño del cartel para el concurso de frecuencias del espectro radioeléctrico, también dispensa servicios a Digicel, una empresa que ha manifestado abiertamente su interés por participar en ese mismo concurso.

También se denuncia que un abogado de apellido Brealey, que trabajó para el bufete Pacheco & Coto hasta que las denuncias fueron presentadas, fue contratado por la SUTEL para que asesorara en la materia, pero también este bufete representa los intereses de la misma transnacional Digicel. En resumen, ese es el sustrato de las denuncias.

Como podemos notar, esta serie de relaciones contenidas en la denuncia de los diputados, entre el regulador de telecomunicaciones (SUTEL), con firmas de abogados y asesores que tienen un interés real y manifiesto en concursos que la misma SUTEL motiva, analiza y recomienda, requiere ser aclarado sin quedar duda alguna de la transparencia de esos actos.

Esto debe ser así, no solo para el beneficio de todos los demás interesados, nacionales e internacionales, del mercado de las telecomunicaciones en Costa Rica, sino por la misma credibilidad de la SUTEL, que se ve envuelta en esta maraña de relaciones, que producen un sinsabor y una enorme preocupación en todos los regulados.

Si bien le corresponderá a los órganos fiscalizadores el análisis exhaustivo de estas acusaciones, también el Regulador según la Ley de ARESEP, tiene que “Velar por la independencia, efectividad y credibilidad de la Autoridad Reguladora y sus órganos, así como ejecutar las acciones necesarias para fortalecerlas” (Art. 57,1), pero hasta el momento no conocemos que se haya referido al asunto, hemos de suponer que también está esperando el resultado de la investigación.

Es un derecho de todos los regulados, que se le garanticen y protejan sus derechos y es la SUTEL la que tiene el deber de hacerlo, pero parece que en este caso fueron descuidados al contratar empresas y abogados que han tenido relaciones comerciales con una empresa de telecomunicaciones que desde hace mucho tiempo se sabía estaría interesada en prestar servicios en nuestro país.

Si esto se constituye en un conflicto de intereses, como aducen las denuncias, será la Procuraduría y la Contraloría quienes lo determinarán, pero por el momento todos los regulados y los ciudadanos en general, esperamos que se profundice en el tema y por el bien de la misma SUTEL se llegue a demostrar “la verdad real de los hechos”, cualquiera que sea. Muchos no quitaremos el dedo de la línea hasta tanto no se resuelva esta situación, que eventualmente derivaría en nulidad absoluta de todo lo actuado.

SIICE
Responsabilidad y presencia en la vida nacional

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