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Voces
Ley 8642, MINAET, SUTEL y el Espectro
Por: Ing. Gerardo Fumero Paniagua
La Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, corre hoy con un Concurso Público para cumplir con el mandato de otorgar tres nuevas concesiones para los servicios celulares, según Decreto Ejecutivo No. 35646-MP-MINAET, del 22 de diciembre del 2009; a pesar de que un estudio financiado por el Banco Mundial y contratado por el mismo gobierno a Sepúlveda Consulting de Canadá, “Análisis de Mercado y Estrategia de Apertura”, noviembre del 2006, recomendó concesionar un único operador más en el corto plazo.
El dilema de ¿cuánto espectro quitarle al ICE? para poder otorgar esas tres nuevas concesiones fue resuelto mediante dicho Decreto, sin tomar en cuenta que: 1) Cuatro operadores no garantizan competencia, más bien un oligopolio, 2) El ICE puede convertirse en el mejor “freno” a posibles abusos de un operador privado, si es que el Regulador le permite cumplir con ese rol en defensa del usuario, 3) El mercado costarricense es muy pequeño y 4) Debe tomarse en cuenta la conveniencia del país y no la de las empresas privadas extranjeras.
Asimismo, el Consejo Directivo del ICE, aprobó en diciembre del 2009 (con la excepción de uno de sus miembros), la devolución del espectro que el gobierno exigió y oficializó mediante el Decreto en mención. Más grave aún, se pretendía “readecuar” el resto del espectro concesionado al ICE y a RACSA, que significa someterlo a la nueva Ley 8642, vale decir reducir los plazos de sus concesiones a un máximo de 25 años, en absoluta contravención de la Ley 3226, que le otorgó al ICE las concesiones “de pleno derecho y por tiempo indefinido”.
La misma Procuraduría General de la República, en Nota OJ-076-2006 del 12/09/2009, ante una consulta del suscrito por medio de una diputada, manifestó: “Es por ello que las concesiones otorgadas al ICE y a Racsa con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley General de Telecomunicaciones continuarán rigiéndose por lo establecido en las leyes en que se fundan. De esa forma, el ICE mantendrá sus concesiones por tiempo indefinido”.
En relación con estos concursos, hay que tener claro que un concurso por “subasta” tiene como meta obtener altos ingresos. Un Concurso de “belleza” por el contrario, supone altos estándares técnicos y de cobertura -no grandes sumas de dinero-, pero deja mayor espacio a la corrupción y podría regalar un bien que es patrimonio público.
Según estudios de la firma Signals Telecom Consulting, el precio promedio pagado en América Latina por el espectro es de un millón de dólares por megahertz, por lo que sería sabio -y obvio- cobrar al menos eso en el concurso, independientemente de la modalidad que se emplee. El mismo estudio de Sepúlveda considera que “No hay ninguna garantía de que la diferencia de dinero entre el canon de licencia fijo asociado con un concurso de belleza y el que resulte de una subasta se traduzca en tarifas de servicio más bajas y no en mayores ganancias para los operadores favorecidos”.
Tampoco ha definido la SUTEL los cargos de interconexión. Las tarifas sugeridas por Sepúlveda van de los 7 a los 11 centavos de dólar por minuto por circuito, pero el promedio en Latinoamérica es de $0.11, que debiera de ser la base si valoramos las inversiones que por años hemos hecho todos los costarricenses, a través de las tarifas que hemos pagado por los servicios.
La imposición para que el ICE devolviera “voluntariamente” el espectro constituye el acto final de un largo asedio al que lo han sometido durante los últimos 25 años y que empezó con los Programas de Ajuste Estructural en 1985, continuó con los intentos de Oscar Arias por entregar las comunicaciones celulares a través de: 1) Las empresas Communication Corporation International y New Vector Communication en 1985, 2) La Licitación Pública No. 5051 en 1988, para que una empresas privada operara el servicios celular, en la cual el ICE solo participaba con el 20% de su capital accionario, 3) La empresa ECOTEL S. A., a la cual se trasladaban los activos del Sector de Telecomunicaciones del ICE y se vendía el 100% de sus acciones, en 1988 y 4) La concesión otorgada a Millicom en 1988. Continuó con la transformación administrativa y los intentos de José María Figueres por vender el ICE en 1996, las restricciones presupuestarias de Figueres, Rodríguez y Pacheco en concordancia con las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), y la apertura aprobada en primer debate del COMBO del ICE, durante el gobierno de Rodríguez en el 2000.
Pero no satisfechos todavía y para completar la tenaza financiera (sin financiamiento y sin tarifas), también han intentado congelar sus tarifas: “Según datos de la… (ARESEP), de 1994 al 2002 la tarifa básica residencial en telefonía básica solo creció un 21% en términos reales, mientras la comercial se redujo un 26%. La cuota de instalación también se redujo un 53%. La tarifa celular cayó más, al retroceder un 63% en términos reales, mientras el minuto pleno descendió un 68%, y el depósito de garantía un 48%. Y en electricidad, el precio promedio por kilovatio hora para el sector electricidad se redujo un 15% en términos reales”, (C. Arias y M. Bermúdez, UCR, 2006).
El ICE puede merecer cualquier destino; hoy lo tienen sometido a una larga agonía de la que no se recuperará –aunque se espera que sobreviva-, al fin y al cabo no es más que un medio que contribuye a que la población tenga una mejor calidad de vida. Los costarricenses sin embargo, sí merecen el Estado Social que nos heredaron nuestros abuelos, conquistado con sangre en 1948. La Tercera República en la que hoy transforman los neoliberales el país, a fuerza de MIEDO (así lograron aprobar el TLC), no presagia sino exclusión social y económica, una constante en los últimos 25 años en el mundo en desarrollo y este país no sido la excepción.
Así como el Estado Liberal que definió la Constitución de 1871 concesionó las Compañías Eléctricas, la Bananera, el Ferrocarril al Atlántico y las Minas de Abangares, hoy -casi 140 años después-, se entregan de la misma forma la Generación Eléctrica, Riteve, los Puertos, los Aeropuertos, las Autopistas, la Internet, la Telefonía Celular, etc. Y las consecuencias las pagará el que menos culpa tiene, el Pueblo, que ve aumentar año a año la pobreza y la brecha entre quienes más tienen y quienes menos tienen.
Y hoy como hace 140 años, tales concesiones (en muchos casos regalías) están salpicadas de muchas evidencias de corrupción, que ha sido la constante en todos estos procesos en que activos de tanto valor y propiedad de los pueblos latinoamericanos se concesionan a los privados y sobre todo cuando tal entrega se hace a los todopoderosos capitales transnacionales, lo cual se garantiza en este caso, por las condiciones del mismo Cartel de Licitación.
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