"Deseo, más que ninguna otra cosa, ser testigo de la creación en América de la más grande nación del mundo, no tanto por su inmenso territorio y sus riquezas, sino por su libertad y su gloria."

Simón Bolivar

Posición del SIICE ante el TLC:
Costa Rica - Estados Unidos
TLC… más que un proyecto económico

El TLC de Estados Unidos con Costa Rica no es más que un nuevo intento de culminación de un proyecto madre de dominación cultural que tiene dos siglos de existencia.

Es un error suponer que el TLC es sólo un proyecto comercial o económico, es un proyecto integral, de asimilación, de absorción de las sociedades centroamericanas a los Estados Unidos.

Ya lo dijo desde ese entonces el quinto presidente de Estados Unidos con la doctrina Monroe: “América para los americanos”, que hizo saltar como reacción entre otras voces la de Simón Bolívar cuando expresó proféticamente la frase: “ Los Estados Unidos parecen condenados por la providencia a plagar a América Latina de miseria en nombre de la libertad”.

El TLC en la práctica surge como una iniciativa de los Estados Unidos para lograr acceder a mercados lucrativos (como telecomunicaciones y electricidad), así como mano de obra barata por parte de sus transnacionales y obtener de esta manera mayores márgenes de ganancia.

Por consiguiente, el interés del gobierno de los Estados Unidos no es compartir los supuestos beneficios de la libre inversión del capital, sino extraer utilidades de América Latina para compensar su déficit de cuenta corriente y apoderarse de nuestra biodiversidad.

Por otro lado, lo único que estimularía el aprovechamiento de la mano de obra local es la precarización laboral, con lo cual el TLC transformará a Costa Rica en una zona franca donde operen libremente las maquilas.

Entonces, la gobernabilidad, la democracia y el estado de derecho que tanto nos preocupan, se hacen imposibles de garantizar si se imponen las políticas neoliberales egoístas que consolida el TLC.

Es por estas razones que el SIICE apoya todas las gestiones en contra del TLC, dado que este acuerdo altera el Estado Social de Derecho costarricense.