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Apertura del Mercado Eléctrico en Costa Rica

Costa Rica se ha distinguido de sus países vecinos por haber seguido un rumbo diferente en su desarrollo, lo que ha producido una sociedad con mayores logros económicos y sociales. No hay duda del papel protagónico que en ese éxito ha tenido instituciones públicas como el ICE, la CCSS y el INS, entre otras.

En otros países de la región, la privatización en el campo eléctrico ha sido producto de que las empresas públicas no fueron capaces de cumplir el cometido para el que fueron creadas. El caso de Costa Rica es diferente, pues el ICE ha logrado el más alto índice de electrificación de América Latina, un suministro eléctrico de calidad y tarifas competitivas a nivel mundial.

Esta situación innegable es de tal peso, que ha dificultado la materialización de los procesos de privatización en Costa Rica. Por ello, algunos políticos han tenido que seguir una estrategia diferente en el campo eléctrico, focalizada en debilitar al ICE e impedirle durante muchos años la inversión, con el objetivo de que el ICE no pueda desarrollar los proyectos necesarios para satisfacer la demanda, provocándole una mala imagen a la Institución y disminuir así el apoyo popular.

En la primera mitad del siglo XX, el servicio que brindaba la empresa privada “Electric Bond and Share” en Costa Rica, era tan deficiente que el gobierno se vio obligado a nacionalizarlo, lo cual dio origen a la creación del ICE en 1949.

A partir de entonces, el servicio eléctrico fue universal, para todos los costarricenses y no para unos pocos con alto poder adquisitivo; la Institución emprendió la tarea de electrificar el país, tanto las zonas urbanas como las rurales.

Sin embargo, en la década de los 80, la empresa privada vuelve a interesarse en el negocio de la electricidad y en 1990, con la creación de la ley 7200 se “autoriza la generación autónoma o paralela”, con proyectos de hasta 20 MW y un tope de un 15% de la generación total. El tiempo demostró los defectos de esta ley, pues provocó un incremento en los costos del ICE al tener que pagar en muchos casos tarifas onerosas y privilegiadas por encima de las del ICE.

Posteriormente, en el año 1995 se creó la Ley 7508, que reformó la 7200 para permitir proyectos eléctricos privados con energía renovable hasta por 50 MW y un 15% adicional, pero bajo un esquema más competitivo, vía licitación pública. En total estas leyes han permitido una participación privada hasta de un 30% del negocio de la generación eléctrica, porcentaje bastante importante.

Por otra parte, la aprobación en 1998 de la ley 7848 para el “Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central y su Protocolo” (SIEPAC) sentó las bases para la apertura de las redes de transmisión. Esto se empieza a materializar con la creación de las normas técnicas del área de electricidad AR-NTGT de la ARESEP en el año 2002 y el Reglamento del Mercado Regional, apoyado por las resoluciones de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE), del 2005, sobre la coordinación de libre acceso a las redes y la vigencia plena del reglamento del Mercado Eléctrico Regional (MER).

La historia continúa con el segundo protocolo de SIEPAC, actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa, con el que se pretende quitarle al ICE el papel de agente único del mercado, que le había otorgado en su artículo 2 la ley que en 1998 creó el Tratado Marco.

Recientemente, el gobierno, tergiversando un proyecto de reforma a la ley de cooperativas, No. 8345, pretendió romper los topes de generación eléctrica y permitir la participación privada -nacional o extranjera- con fines de lucro y beneficios especiales como exoneraciones de impuestos, en alianza con entes cooperativos y empresas municipales cuya naturaleza no es de lucro.

Esta “desnaturalización del proyecto” fue tan inconveniente que las mismas cooperativas de electrificación rural, a las que supuestamente se pretendía beneficiar, presentaron una fuerte oposición por desvirtuar sus fines y poner en riesgo su estabilidad financiera. El 21 de abril de 2009 el proyecto fue retirado de la agenda de sesiones extraordinarias, pero está programado para retomarse en la próxima legislatura.

En este proceso, SIICE tuvo una importante participación brindando argumentos técnicos de peso para oponerse a la aprobación del proyecto de ley tal como quedó redactado, aunque se debe aclarar que el fortalecimiento de las cooperativas distribuidoras y las empresas públicas municipales es algo positivo, pues promueven la democratización de la economía nacional. Parece también muy conveniente que se impulsen alianzas para la generación eléctrica entre entes cooperativos y municipales y el ICE.

Proyecto de Ley General de Electricidad. Con este proyecto se crean mecanismos que promueven que la generación futura sea privada, se le quitan al ICE la responsabilidad de la planificación eléctrica y el Centro de Control; áreas que pasarían a instancias bajo control político, con juntas directivas nombradas cada cuatro años por el Poder Ejecutivo; lo cual es a todas luces inconveniente, tal y como lo han demostrado denuncias recientes de actos de corrupción en los que algunos políticos han tratado de sacar provecho de sus puestos y su poder, para beneficiar sus intereses personales y/o empresariales.

En conclusión, los logros del ICE han sido de tal envergadura que en casi 20 años de intentos de privatización del mercado eléctrico, los gobiernos neoliberales de turno solo han logrado escasos resultados, pero sin duda continuarán con el esfuerzo.

No se trata de oponerse a la participación privada per se, pero ésta debe ser limitada, controlada, no debe ir en detrimento de los intereses del país, ni del ICE, ni debe perseguir otros propósitos que pongan en riesgo nuestro modelo de desarrollo, que procura el beneficio de toda la sociedad costarricense.

La participación privada no debe ir en contra de los principios de solidaridad que han inspirado nuestra democracia y debe enmarcarse en un modelo a la “tica” y no dentro de una corriente o moda importada de países con realidades totalmente diferentes, y cuyos resultados no muestran beneficios para los ciudadanos de esos países.

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