A “confesión de parte, relevo de pruebas” dicta el popular axioma jurídico, mismo que sirve para ilustrar la actuación del Director del CENCE en la lamentable historia de los proyectos de Ley, oportunistas y con matices Corporativos que circulan en la corriente Legislativa, cuyo eventual trámite y aprobación desmantelarían nuestro modelo eléctrico solidario y sustentable, que nace de una Ley prima. Tristemente para beneficiar a unos pocos y afectar miles de costarricenses de las clases socioeconómicas más vulnerables.
Ampliamente señalado, el ICE por mandato de Ley 449, y no una Unidad de Negocio de rango medio, es el Instituto el encargado y responsable de la sostenibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Resulta fuera de competencia y rango de acción; así como inaudito e inaceptable que el Director de una Unidad de Negocio de la Gerencia de Electricidad, un rango medio, sea quien se presente en foros Legislativos y en la Prensa Nacional, dando criterios que deberían estar reservados a los intereses institucionales y la Administración Superior. Y en lo pertinente no brinda oposición alguna a la conocida pretensión de este Reglamento de sacar el CENCE del ICE, dando un respaldo tácito a esa nefasta iniciativa de debilitar el modelo eléctrico que el Gobierno y la Presidencia Ejecutiva del ICE se comprometieron a resguardar.
Sobre los descargos realizados, por el señor López, en el artículo de opinión, si no fueron considerados por los legisladores, para ser incorporados en los Proyectos de Ley, podría intuirse que simplemente fue utilizado dicho funcionario para dar validez a las intenciones de trámite rápido. Si bien los apuntes técnicos son válidos, la mayoría ya han sido expuestos por las áreas especializadas de la Gerencia de Electricidad, en el descargo realizado en contra del malintencionado Reglamento para Generación Distribuida del MINAE. Otra instancia en la cual la Administración Superior ha guardado silencio.
Lamentablemente, en el devenir del atropellado trámite de los Proyectos Legislativos, no se visualiza ni se toma en cuenta a los verdaderos perdedores ante una eventual aprobación. Estos son, más del 40% de las familias costarricenses que gozan de la electrificación atendidas en forma directa por el ICE. Tal como se señala en el artículo de opinión, los costos se mantienen y deberán ser distribuidos entre todos los usuarios. Y precisamente, la población atendida por el ICE se encuentra en las zonas del país con más vulnerabilidad económica y social (Pacífico Central, Zona Sur, Limón, Alajuela hasta los Chiles, entre otras localidades importantes).
Dicho lo anterior, señor López, la generación distribuida no pone en riesgo a las empresas eléctricas, PONE EN RIESGO A MILES DE FAMILIAS en condición de vulnerabilidad. El fin último del ICE no es producir o vender electricidad, es el bienestar del país.
