A continuación, un breve ensayo sobre los resultados de la apertura en Telecomunicaciones por el Ex-directivo y compañero del SIICE, Ing. Gerardo Fumero Paniagua.
Introducción.
El Tratado de Libre Comercio, TLC, fue firmado por el expresidente Abel Pacheco en mayo del 2004 y aprobado el 7 de octubre del 2007, en un referéndum legislativo, de acuerdo con la Ley No. 8492 del 04/04/2006. Participó un 59.2% de la población con derecho a voto, y lo aprobó el 51.22%. El TLC se convirtió en Ley, No. 8622, el 21/12/2007.
Como parte de los 3 Tratados Internacionales y las 13 Leyes a que el TLC obligó, se aprobó la Ley No. 8642, “Ley General de Telecomunicaciones”, el 04/06/2008 y la Ley No. 8660, “Ley de Fortalecimiento de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones”, el 08/08/2008.
El TLC abrió dos mercados que por décadas estuvieron en manos del Estado, Seguros desde 1948 y Telecomunicaciones desde 1963.
A continuación, un breve ensayo sobre los resultados de la apertura en telecomunicaciones, el aspecto más polémico del tratado y sin lugar a dudas, el más significativo triunfo de los aperturistas en el país.
Resultados.
En general, los indicadores del sector hoy son positivos, en término de: inversión, crecimiento, cobertura, empleo y servicios.
Los servicios móviles eran el gran objetivo de las transnacionales. Al 2015, según el Informe “Estadísticas del Sector de Telecomunicaciones de Costa Rica”, Sutel, 2015, aquellos representaban un mercado de 715 millones de dólares anuales y 7.5 millones de líneas, (65% con acceso a Internet y el 21% con postpago, aunque esta modalidad genera el 57% de los ingresos).
Como país, pasamos de tener 90 líneas móviles por 100 habitantes en el 2011, a 156 en el 2015. A finales del 2016 el mercado se distribuía de la siguiente forma: 53% ICE, 26% Movistar, 20% Claro y 1% Full Móvil.
La telefonía fija ha venido perdiendo terreno, más como producto de la explosión de los servicios móviles y los cambios tecnológicos, que por la apertura. Pasó de 22 líneas por 100 habitantes en el 2011, a 18 en el 2015. Los ingresos por este concepto se han estancado en los últimos 5 años, y la cantidad de teléfonos públicos ha caído de 18.960 en el 2011, a 5.726 en el 2015.
La cantidad de viviendas con servicio fijo se redujo a un 60% en el 2015, mientras que el servicio de Internet a viviendas aumentó a un 39%.
A pesar de que globalmente el servicio fijo cae, crece aceleradamente la modalidad de la VoIP, aunque todavía representa apenas un 6.4% del total. Sin embargo, el tráfico promedio por usuario en VoIP, supera ya el de la telefonía básica tradicional. Los principales proveedores de VoIP son: Tigo 36.1%, Cabletica 26%, Telefónica 17.4% y Telecable 12.7%.
Precios.
En relación con los precios del servicio celular, estos se mantienen en los 30 colones por minuto que tenía antes de la apertura, para postpago, los cuales en un 71% son clientes del ICE. Aunque en realidad las tarifas sí han aumentado, pues para prepago, van de 34 a 40 colones el minuto y este segmento representa el 79% de los suscriptores.
Comparativamente seguimos teniendo el precio más bajo de América Latina, AL, según estadísticas del Foro Económico Mundial, ya que por minuto, en Costa Rica gastamos 9 centavos de dólar, contra 22 en Panamá, 27 en Colombia, 35 en Uruguay, 41 en Guatemala, 52 en México y 91 en Nicaragua.
Eso explica también por qué tenemos la mayor penetración en cuanto al servicio de Internet móvil en AL y nos mantenemos entre los primeros 10 lugares en el mundo. Estamos también entre los primeros 5 lugares en el mundo, en la razón de ingreso total del Sector de Telecomunicaciones con respecto al PIB.
El regulador ha puesto una camisa de fuerza sobre las tarifas de la telefonía fija, pero pretende dejar por la libre los precios de la telefonía móvil muy pronto. La medida podría bajar los precios -al obligarse los operadores a una mayor competencia para atraer nuevos clientes-, incrementar la oferta de servicios y mejorar la calidad, o por el contrario, podría encarecerlos, al cobrar los operadores los datos móviles en proporción al volumen. Lo que sí es cierto, es que este cobro por descarga pondría un límite a clientes que hoy abusan de una tarifa plana, en detrimento del resto de los usuarios que comparten la misma red.
Rol del Regulador.
En el proceso de apertura, la Sutel, en su calidad de regulador, ha impuesto condiciones únicas al ICE, en relación con la portabilidad numérica, le ha exigido entregar espectro radioeléctrico legalmente asignado, y ha condicionado ampliaciones en su plan de numeración, todo sin ningún fundamento legal. Ha habido dudas razonables de objetividad, denuncias, conflicto de intereses y quejas sin atender. Los mismos asesores de Telefónica, por ejemplo, fueron contratados por la Sutel para hacer el Cartel de Portabilidad Numérica.
Aun operadores privados han debido recurrir a los tribunales de justicia buscando enderezar errores de la Sutel, como por ejemplo, la empresa Cedit Card Services Limitada, en un contencioso ya resuelto en alzada. La demanda es por $21.6 millones, aunque todavía está pendiente que el Juzgado determine los daños reales.
La Sutel ha sido proactiva “fortaleciendo” la competencia y “nivelando” los operadores, para lo cual ha actuado contra el ICE y a favor de los demás, pero ha sido negligente con el servicio social y el control del espectro.
Le ha exigido al ICE el cumplimiento de directrices en relación con el uso de frecuencias para enlaces de microondas, o bien se demora en exceso para resolverle la instalación de nuevos enlaces para extender la cobertura y mejorar la calidad, pero en cambio es laxo con los operadores privados.
Tampoco ha querido financiar algunos servicios, con cargo al Fondo para el Servicio Universal, Fonatel, mediante contratos con el ICE, en lugares en que ya éste contaba con infraestructura, en vez de contratarlos con otros operadores, los cuales han debido duplicar inversiones para instalar nuevas redes, paralelas a las del ICE.
Ha sido indolente en asuntos de interés nacional, como el ordenamiento y control del espectro radioeléctrico. Continúan operando todavía frecuencias ilegalmente. Hasta muy recientemente empezó con el control necesario para hacer respetar la ley y eliminar posibles interferencias a los operadores que sí están a derecho.
Se ha tomado demasiado tiempo para utilizar los dineros del Fonatel, para mejorar el servicio universal, y a pesar de que desde el 2011, el proceso de concesión del espectro en celular generó casi 200 millones de dólares, no es sino hasta en el 2015 que se empieza a invertir esos recursos. Pero en cambio, sí se implementó, apenas a dos años de la apertura la portabilidad numérica, mecanismo para promover el traslado de clientes, (el ICE ha perdido 300 mil), con el agravante de que incluso se portan algunos sin su consentimiento o engañados.
Finalmente, ha fallado en relación con la regulación y el establecimiento de parámetros para el control de la calidad de los servicios, definiendo a veces indicadores inadecuados o hechos para un mercado “maduro” (y no en proceso de apertura), consecuencia de copiar o trasplantar sin mayor análisis, normativa desarrolla para otros países o para mercados en condiciones distintas.
El ICE en riesgo.
El ICE desde el primer día de la apertura pierde mercado, en telefonía fija, móvil e internacional, mientras que los entrantes lo ganan en celular y VoIP (sustituto de la telefonía básica tradicional e internacional).
Al ICE nunca se le reconoció el costo real de su infraestructura, y las tarifas por el uso de la misma y sus equipos, son ruinosas.
El modelo de tarifas de interconexión que se adoptó es típico de un mercado maduro, uno que ya llegó a su máxima eficiencia. No hubo gradualidad en la aplicación de esas tarifas, como es normal en estos procesos, no se tomó en cuenta la realidad de un mercado cerrado que apenas se abría, y que mantenía ineficiencias típicas de un monopolio estatal.
El ICE mantiene cargas financieras asignadas por ley, que no tienen los demás operadores, como la deficitaria telefonía fija o la pública, y algo del servicio universal que no puede dejar de atender, por mandato de la Sala Constitucional, que lo ha obligado a cubrir inversiones y gastos que la Sutel jamás ha querido reconocer, como subsidios que corresponden al Fonatel.
Los precios topes están por debajo de los costos, por eso las tarifas al cliente final no experimentaron los aumentos que se pronosticaron, pero a costa del ICE, que ha visto revertir sus utilidades y por eso las millonarias demandas contra la Sutel, que finalmente los jerarcas nombrados por este gobierno han tenido la valentía y la objetividad de plantear ante los tribunales.
Debió presentar una primera demanda para que la Sutel actualizara los Mercados Relevantes, el no hacerlo perjudicaba al ICE, al mantenerlo como operador dominante, para poder aplicarle una serie de medidas discriminatorias.
Debió demandar para defenderse de una multa de 4 millones de dólares, por competencia desleal, por acciones que sí se permiten a los demás operadores, con la justificación de que son “minoritarios”, cuando todos sabemos los emporios transnacionales que representan.
Debió demandar por las tarifas de interconexión, dado que el tráfico entre operadores es asimétrico. El ICE “origina” mucho más tráfico que los demás, pues tiene todavía un mercado que es más del doble de cualquiera de los otros operadores. Claro y Telefónica “terminan” entonces mucho más tráfico procedente del ICE, que lo que el ICE “termina” procedente de ellos. Y la Sutel estableció que se pague más caro el tráfico “terminado”, que el “originado”, 17,95 colones contra 12.05. Esta asimetría, sin ninguna razón lógica ni técnica, le causa una millonaria pérdida económica al ICE cada día, y ya por muchos años.
Se enfrenta el ICE a empresas transnacionales muy competitivas y con enormes economías de escala, pues las mismas adquieren, por ejemplo, equipos y terminales móviles para un mercado de 300 millones de usuarios que administran en AL y el mundo, en comparación con un mercado de poco más de 4 millones.
El ICE compite con empresas privadas que se rigen por un marco legal diferente, que les permite ser mucho más eficientes en la ejecución de sus presupuestos y procesos de compra, pues no están sujetas a las regulaciones y controles a los que sí está sometida la empresa pública.
La debacle económica de su filial, Radiográfica Costarricense (Racsa), resultado de la pérdida del 70% de su mercado en forma casi inmediata después de la apertura, debió ser asumida por el ICE con una significativa inyección de capital, que significó otro factor de debilitamiento.
El riesgo es entonces, la permanencia misma del ICE, provocado por la pérdida de mercado en servicios fijos, móviles, e internacionales, como consecuencia del acomodo de las condiciones regulatorias y tarifarias, que parecieran diseñadas para acortarle sus días.
Cabe entonces preguntarse, en relación con este proceso, ¿son justas, imparciales, objetivas y sostenibles las regulaciones y las tarifas establecidas, o son producto de un esquema diseñado para terminar con el incumbente y entregar el mercado a los entrantes?
Retos para el ICE.
El ICE ha debido cambiar su cultura empresarial, cosa nada fácil, pues ciertamente exige una nueva actitud de servicio al cliente, de deleitar al usuario y hasta de hacer inteligencia empresarial, aspectos que no eran su fortaleza, sino totalmente nuevos para sus funcionarios.
El componente político, como empresa pública que sigue siendo, lo podría exponer a conductas sumisas, como en tiempos del Ing. Eduardo Dorian, o a cambios innecesarios en la administración superior cada cuatro años, lo que podría incidir en la estabilidad y continuidad de sus programas de mediano y largo plazo.
Todas estas amenazas obligan al ICE y a sus empresas, a hacer un enorme esfuerzo por renovarse, incentivar la creatividad y la planificación estratégica, buscar la optimización y automatización de sus procesos, mejorar la eficiencia y la productividad.
Debe aprovechar mejor su recurso humano, agregando más y mejores servicios, o bien extendiéndose a otros mercados, como el centroamericano. Ya lo viene haciendo con alianzas público – público, que colaboran con la obra pública y el país.
El ICE debe plantearse una verdadera estrategia corporativa que genere sinergias, elimine duplicidades y redundancias y optimice y complemente las distintas redes y los servicios de sus propias empresas: Electricidad, Telecomunicaciones, Racsa, CNFL, Cable Visión y Full Móvil. Las primeras cinco han desarrollado, por ejemplo, redes de fibra óptica, las que bien podrían integrarse en una sola, que propicie ahorros en gastos de operación y mantenimiento, economías de escala y un uso más eficiente de los recursos.
El 13/09/1990 se aprobó la Ley No. 7200, que abrió el mercado eléctrico en el país, con una serie de regulaciones que han favorecido a empresarios privados a costa del ICE, asimetrías que le han costado miles de millones de colones al ICE y al país, algunos de esos privilegios hoy -27 años después-, todavía se mantienen, como por ejemplo, la obligación legal del ICE de adquirir la energía de todas esas plantas generadoras privadas, aunque deba “botarla”, para garantizar la rentabilidad financiara de los privados, obligando al ICE a socializar las pérdidas.
La historia -como hemos visto aquí-, se repite en el 2008, con la Ley No. 8642 y para el mercado de las telecomunicaciones, en un proceso mucho más sutil y complejo, pero igualmente deliberado y nefasto, con consecuencias para el ICE y el país, que ponen en riesgo la permanencia de la misma Institución.
Ing. Gerardo Fumero Paniagua, Ex-directivo y compañero del SIICE.
SIICE
“Responsabilidad y presencia en la vida nacional”
