Comunicado  SIICE 

 

La semana anterior la Administración Superior, de manera unilateral inició un proceso arbitrario que pretende modificar el salario de varios funcionarios del ICE, al suprimir el componente que devengan por concepto de sobrevaloración. Este componente salarial surgió para estos casos como mecanismo de la misma Dirección Gestión Humana (DGH) que garantizaba mantener el salario de colaboradores que ocupaban plazas en propiedad, pero debido a diferentes reorganizaciones la Administración requería ajustar su clasificación de puesto a una de menor categoría.

La sobrevaloración derivó de una serie de actos administrativos sustentados en estudios técnicos y criterios jurídicos, a saber: los oficios 0150-1336-2015 del 10 de setiembre de 2015 de la  Gerencia General y número  0150-0203-2017 del 3 de febrero de 2017 de la Gerencia Corporativa de Administración y Finanzas, los criterios jurídicos brindados por la Dirección Jurídica Institucional mediante el Dictamen 257-472-2015 de fecha 27 de junio de 2015, ampliado luego mediante la carta 256-80-2015 del 28 de agosto de 2015, entre otros.

Lo anterior, le brindó seguridad jurídica a los funcionarios que se les estaba aplicando la sobrevaloración, de tal forma que se ejecutaron los movimientos de personal respectivos, porque se respetaba el salario de cada colaborador como está normado en derecho. Sin embargo, debido a una reciente recomendación de la Contraloría General de la República, se solicita la eliminación de este rubro salarial, desconociendo que el Estatuto de Personal y los actos administrativos supra citados que amparan la aplicación de este mecanismo, como una forma de protección al trabajador porque el salario es un rubro intocable, menos a la baja. No obstante, es utilizado por la Administración Superior para eliminar este componente salarial, obviando que es improcedente, no solo porque se trata de una modificación unilateral del contrato de trabajo, que desmejora el salario, sino también porque con ella se pretende de oficio dejar sin efecto un acto administrativo declarativo de derechos subjetivos, como lo es el acto administrativo que reconoce el pago de ese componente de naturaleza salarial.

El ICE no debería simplemente alegar la existencia de una orden emitida por la Contraloría General de la República para desconocer la validez de ese acto, desaplicarlo o dejarlo sin efecto, siendo que tal acción está vedada, conforme al principio de intangibilidad de los actos propios, según el cual, la Administración Pública no puede volver sobre sus propios pasos y anular aquellos actos administrativos, dictados por ella, cuando estos sean declarativos de derechos subjetivos; y lo peor en menoscabo de los derechos de los trabajadores, con acciones abusivas como patrono.

 

Por lo anterior, se solicita a la Administración Superior revalorar su accionar ya que recae en la figura de ius variandi abusivo por modificación unilateral del salario y por ende del contrato de trabajo de los colaboradores afectados.

 



 

SIICE

“Responsabilidad y presencia en la vida nacional”